Ante la «incertidumbre» a la que las familias de los alumnos y alumnas se enfrentan con el inicio del curso 2020/21, casi un centenar de Asociaciones de Madres y Padres (AMPAs) de toda la provincia de Cádiz, incluidas las del Campo de Gibraltar, han presentado esta mañana un escrito dirigido al Consejero de Educación, al Defensor del Pueblo Andaluz y al delegado territorial competente de la Junta de Andalucía.
La iniciativa parte de las AMPAs del IES ElGetares y el CEIP Caetaria de Algeciras, que han conseguido poner sobre la mesa un documento que «ha sido elaborado y consensuado con todas y cada una de las asociaciones que se han ido sumando y que firman la petición», y que representan a los padres y madres de distintos centros educativos de las comarcas del Campo de Gibraltar, la Bahía de Cádiz y la campiña de Jerez.
«La reivindicación es muy clara: dotar de medidas a los centros que garanticen la integridad física de los alumnos y alumnas», se advierte en el escrito, con el que se pretende trasladar al consejero de Educación las inquietudes de las familias, además de «presentar soluciones a diferentes incógnitas». Según continúa el comunicado enviado a los medios de comunicación, «esta unión de AMPAs de la provincia de Cádiz acaba de comenzar a funcionar y, de forma regular y constante, pretende consensuar con la Junta de Andalucia una vuelta al cole segura para todas y todos».
«A la fecha del presente escrito los padres, madres y tutores de menores andaluces estamos a la espera de que se nos comunique cómo será la vuelta al cole y cómo, además de garantizarse el derecho fundamental a la educación libre y gratuita de nuestros niños y niñas, se garantizará su derecho fundamental a la protección de su salud y de la salud de todas aquellas personas que con ellos convivan o interaccionen», advierten las AMPAs.
Libertad para elegir clases presenciales o desde casa
Además de la implantación de las medidas de seguridad necesarias para la seguridad de las familias, «avaladas por una autoridad competente en materia sanitaria y con comunicación previa de dichas medidas a las familias antes del inicio de las clases», las asociaciones firmantes reclaman también «libertad de actuación» en virtud de la responsabilidad exigida por la legislación vigente, «para que cada familia, en función de su casuística, pueda acogerse a la modalidad de clase desde casa o a la modalidad presencial en su centro educativo».
En el documento se explica que «no se nos aporta ningún documento médico consensuado que garantice la salud de las familias con las medidas publicadas hasta la fecha para la vuelta al cole, y los datos conocidos en otros países no son muy halagüeños. Por ello, la preocupación del colectivo de padres y madres de alumnos y alumnas en Andalucía va en incremento conforme se aproxima la fecha del inicio de las clases y sobre todo tras el conocimiento de las circunstancias de los numerosos brotes surgidos en las últimas semanas por todo el territorio español y andaluz».
Basándose en diversos textos legales, todos ellos citados en el escrito, las AMPAs insisten en que «las necesidades de los progenitores no son el conocer con cuánto profesorado adicional vamos a contar en Andalucía, sino cuánto alumnado hay por profesor en cada centro y cuánto espacio tiene cada menor según los lugares habilitados para la docencia. Es decir, necesitamos conocer si con la previsión actual de espacios y profesorado se cumplen las distancias de seguridad mínimas entre el alumnado exigidas por Sanidad para que se eviten contagios».
El escrito continúa explicando que «visto que la dimensión media de una clase en un colegio cualquiera ronda los 35 metros cuadrados, y que en ella se encuentran entre 25 y 30 alumnos, dependiendo de la etapa, además de diverso mobiliario y pasillos de acceso (lo que disminuye la superficie total útil para albergar alumnos), está claro que el porcentaje de profesores necesarios para garantizar una ratio segura es, en algunos centros, casi del doble de los existentes, además de contar con las clases necesarias para realizar este desdoble o establecer dos turnos de mañana y tarde con la desinfección necesaria entre ambas».
En cuanto a la decisión de las familias de llevar o no a los menores al colegio, las AMPAs recuerdan que la legislación vigente no recoge más que la obligatoriedad de la escolarización obligatoria, «pero la materialización exclusiva mediante la actividad lectiva presencial no es obligatoria en todo caso, ya que así se ha visto durante el periodo de alarma vivido». Según las AMPAs, «si la legislación no contempla cómo actuar en caso de alarma sanitaria cuando se pone en peligro la salud de la población, eso debe ser recogido y actuar en consecuencia».
Bajar ratios, distancias de seguridad y mascarillas
«¿Cómo se limita el número de contactos con las ratios actuales si no se han planteado apenas nuevos lugares para impartir clases ni un número adecuado de profesores que las impartan? Y en el caso de alumnos con necesidades especiales, ¿como se garantiza su seguridad frente a la pandemia con los recursos planteados?», se preguntan las AMPAs.
Con respecto a uso de mascarillas y otras medidas higiénicas, las AMPAs se preguntan cómo se evitará que se propague el virus entre los alumnos de un grupo «estable» y sus familias, si no se cumplen las distancias de seguridad mínimas ni se desinfectan las cosas a compartir entre un uso y otro. «¿No se asemejan dichos grupos a los numerosos eventos familiares que tantos brotes han dejado en España durante las últimas semanas? Y además, ¿cómo se va a evitar que los niños de un grupo interaccionen con los de otro durante el transporte escolar y durante los horarios de aula matinal, comedor, actividades extraescolares, etc?».
En cuanto a la posibilidad de que hubiera que suspender las clases presenciales u optar por impartir parte de ellas online, las AMPAs entienden que, según el protocolo de la Junta, cada profesor contará con los recursos informáticos suficientes para la práctica lectiva tanto presencial como a distancia y se garantizará que todos los alumnos tengan acceso a ella.
«No obstante, se desconoce aún con qué plataformas digitales contamos en esos casos (se supone que se cuenta con la plataforma Moodle) y si el profesorado tiene la formación suficiente para la impartición de estas clases ni tampoco se conoce si existe voluntad por parte del profesorado de impartir dichas clases telemáticas o si están obligados a ello», añaden en el escrito.