Agaden-Ecologistas en Acción ha informado que, tras la denuncia presentada por este grupo, la Junta de Andalucía ha abierto expediente sancionador, «con la calificación de muy grave», así como traslado a Fiscalía, por los hechos acontecidos el pasado mes de febrero, donde a lo largo del perímetro de la batería de Punta Camarinal en Tarifa y en pleno Parque Natural del Estrecho, el Ministerio de Defensa procedió al arranque de enebros (Juniperus oxicedrus subsp.macrocarpa), camarinas (Corema album) y sabinas (Juniperus turbinata).
La asociación ecologista puso en conocimiento del Parque Natural así como de la Junta de Andalucía la presencia de obras en esta zona, para la cual denuncian que se habían retirado numerosos ejemplares de las especies indicadas. «Tal y como afirma Desarrollo Sostenible, esta actuación ha sido ejecutada sin disponer de la previa y preceptiva autorización ambiental unificada y ha supuesto la destrucción de ejemplares de especies amenazadas y protegidas, así como la destrucción de hábitats de especies de interés comunitario de carácter prioritario en espacios de la Red Natura 2000, en el paraje conocido como Monte Público Dunas de Tarifa, Batería Punta Camarinal», explican los ecologistas
«Tal y como recoge la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible, esta falta se ha considerado como muy grave, y podría ser sancionada con multa de entre 60.101,22 hasta 300.506,05 euros», añaden. Asimismo se notifica a la organización ecologista que los hechos serán trasladados al Ministerio Fiscal ya que pueden ser constitutivos de los delitos tipificados en los artículos 325 y 332 del Código Penal.
Agaden-Ecologistas en Acción recuerda además que «si estos hechos se hubieran cometido por imprudencia grave, podría imponerse una pena de prisión de tres meses a un año o multa de cuatro a ocho meses, e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de tres meses a dos años. Y si además se perjudica gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, se impondrá una pena de prisión de dos a cinco años, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años».
La organización ecologista valora «positivamente» la iniciativa de la Delegación Territorial para que hechos como este no vuelvan a repetirse en las zonas protegidas de las costas y espacios naturales como es el Parque Natural del Estrecho.