La asociación ecologista Verdemar Ecologistas en Acción reitera y amplía su denuncia sobre las obras del Fondo de Barril a CEPSA y al Ayuntamiento de San Roque, presentada inicialmente el pasado 31 de julio de este año, por la presunta comisión de delitos de prevaricación urbanística y ambiental, relativos a la protección de la flora y fauna, contra los recursos naturales y el medio ambiente, y sobre el patrimonio histórico, definidos en los artículos 319 y siguientes del vigente Código Penal.
Según Verdemar, la compañía ejecutó obras que implicaban desmontes y movimientos de tierras para la urbanización del terreno destinado a la instalación «Fondo de Barril» con sujeción a las licencias municipales, advirtiendo de que «todas las licencias referidas se otorgaron sin esperar a la aprobación definitiva de los instrumentos de ejecución urbanística». A juicio de los ecologistas, dichas licencias serían «nulas de pleno derecho, pues se basan en una modificación puntual del Plan Especial y de Seguridad Industrial (PEYSI, aprobado en 1993) en el Área de la Bahía en el término municipal de San Roque, sobre el área del complejo petroquímico del Grupo Cepsa.
Verdemar manifiesta en un comunicado que se trata de «un burdo, inútil e ilegal intento de convalidar unos trabajos que ya se han ejecutado en su mayoría, con afecciones ambientales consumadas, pero que trasluce la preocupación de las Administraciones competentes y del promotor en ‘limpiar’ su actuación».
Para los ecologistas, «esta maniobra legal no hace sino confirmar la denuncia reiterada por la organización: la ejecución de las obras de urbanización para la instalación y funcionamiento del proyecto ‘Fondo de Barril’ sin someterse a la preceptiva evaluación de impacto ambiental, conculcando el propio Plan General de Ordenación Urbana de San Roque, además de las normas sectoriales en materia de flora, fauna y hábitats».
Verdemar añade que, con respecto a los pies arbóreos que pudieran verse afectados, las instalaciones deben ubicarse de manera que afecten al mínimo número de pies posibles, con un replanteo previo al inicio de los trabajos y presencia del agente de Medio Ambiente responsable de la zona. Sin embargo, la organización ecologista denuncia que «todos los acebuches (Olea europaea var. sylvestris) y el matorral acompañante se han desmontado, y no consta que haya existido un señalamiento previo por parte de la guardería forestal».
A los impactos reseñados habría que sumar, según la organización ecologista, las probables afecciones a los yacimientos arqueológicos presentes en todo el área. «Aunque la delegación territorial en Cádiz de la Consejería de Cultura impuso, mediante resolución de fecha 11/04/2016, las medidas cautelas arqueológicas que se imponían al promotor de las obras, sólo han beneficiado a una parte de la Unidad de Ejecución (U.E.1), por lo que mucho nos tememos que se hubieran sacrificado restos de gran valor».
Según Verdemar, «hay que tener en cuenta que las prospecciones preventivas se exigían dentro del procedimiento de Autorización Ambiental Integrada del proyecto ‘Fondo de Barril’, con lo que, habiéndose realizado las obras preparatorias de la urbanización sin esperar a los pronunciamientos ambientales, las cautelas arqueológicas durante la fase de ejecución han podido descuidarse, o no realizarse».
Verdemar Ecologistas en Acción anuncia también que va a solicitar una investigación en el Ayuntamiento de San Roque, «por si pudieran existir otras irregularidades a la hora de favorecer a esta petrolera».