El pleno telemático celebrado hoy en San Roque ha aprobado transferencias de crédito a Asuntos Sociales y Emadesa por 1,8 millones de euros. El objetivo del equipo de gobierno es detraer de varias partidas municipales dedicadas a inversiones para atender la emergencia sanitaria, económica y social generada por el coronavirus COVID-19.
Así, se verán incrementadas partidas destinadas a ayudas económicas de atención social; programa de ayudas económicas familiares; ayudas económicas personas con discapacidad; catering de personas mayores; gestión de la ayuda a domicilio no dependientes; trabajos realizados por otras empresas a Asuntos Sociales; y Transferencias a Emadesa para el Plan de Empleo.
Los miembros de la corporación dieron el visto bueno a distintos reconocimientos extrajudiciales de créditos, con facturas superiores al millón de euros; y a la transferencia de crédito para la adquisición a la Junta de Andalucía del edificio B del pabellón norte del cuartel Diego Salinas y Susarte, en la plaza de las Constituciones.
Para tal fin, el equipo de gobierno autoriza una transferencia de créditos entre partidas correspondientes al Capítulo VI del Presupuesto del Ayuntamiento de San Roque para el ejercicio 2020, hacia la partida de Inversiones en Bienes Patrimoniales Edificios, por algo más de medio millón de euros, detraídos de otras partidas de inversiones.
La Dirección General de Infraestructuras Judiciales y Sistemas envió la tasación del edificio, realizada por una empresa especializada, cifrada en algo más de 618.000 euros, prácticamente coincidente (algo más de 619 mil euros) con la realizada por técnicos municipales, por lo que desde la Alcaldía se remitió escrito a la Dirección General de Infraestructuras Judiciales y Sistemas expresando la conformidad del Ayuntamiento con el informe de tasación pericial para, de esta manera, avanzar en los trámites administrativos para la enajenación del edificio en favor del Ayuntamiento.
El Ayuntamiento también ordenó a la Tesorería la liquidación de las deudas que mantiene la Dirección General de Infraestructuras Judiciales y Sistemas de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía con este Ayuntamiento por las multas coercitivas impuestas como consecuencia del incumplimiento reiterado de los decretos, emitidos por el estado del edificio.
El Ayuntamiento ha informado que el grupo municipal del PP, aunque cree que no se deben realizar compras de inmuebles, entiende que en este caso es una buena compra, al tratarse de un lugar emblemático en la plaza de las Constituciones.
Adelante San Roque destacó que el edificio está en ruinas, y se mostró en contra de la adquisición, aunque por seguridad pidió celeridad a la hora de acometer la obra ya que ahora es responsabilidad del Ayuntamiento. «Con esta compra se le hace un favor a la Junta», señaló el grupo.
El concejal de Ciudadanos se mostró muy contento de que el pleno pueda discutir este punto, después del compromiso del vicepresidente de la Junta de Andalucía de admitir la venta del edificio. Por su parte, el PIVG afirmó que el edificio está en ruinas y que el coste de rehabilitación será elevado.
El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, finalizó asegurando que nadie les ha regalado nada. «Vamos a comprarlo y allí se plantean varios usos, aún no decididos, entre ellos un salón de plenos con más capacidad del actual. Comenzaremos con la preparación de un proyecto de consolidación del edificio, cubierta y fachadas, para dar seguridad a la zona», aclaró el socialista, quien ha destacado el ambiente de cordialidad vivido en esta sesión en pleno estado de alarma.