La parlamentaria no adscrita del Parlamento Andaluz, Ángela Aguilera, ha denunciado el «incumplimiento» del decreto antidesahucios para el estado de alarma aprobado por el gobierno de coalición (PSOE / Unidas Podemos). «Lo ocurrido ayer en La Línea es un claro ejemplo de ello, familias en situación desfavorable sin alternativa habitacional y pese a ello los trámites judiciales del lanzamiento han seguido hacia delante”, ha señalado Aguilera, que ha calificado el hecho de «inmoral».
“Se trata de familias confinadas por Covid, familias con menores, personas con discapacidad, personas con dificultades económicas que han perdido su trabajo por la situación de crisis socioeconómica que estamos sufriendo y los decretos están para cumplirlos, pero está claro que el poder bancario ha impuesto su ley por encima de un derecho fundamental como es la vivienda”, ha afirmado.
El pasado 22 de diciembre el Gobierno estatal aprobó el decreto antidesahucios, válido hasta el 9 de mayo 2021 con la finalización del actual estado de alarma. En éste se recoge que antes de ejecutar un lanzamiento, los juzgados deberán «requerir a los Servicios Sociales un informe previo que recoja que las personas desahuciadas alegan estar en vulnerabilidad social».
Aguilera ha añadido que las comunidades autónomas están obligadas a garantizar una alternativa habitacional, sin la cual no podrá realizarse el desalojo. «Es inaceptable que se pongan plazos y límites al derecho a la vivienda digna, el gobierno de coalición ha sucumbido a los intereses bancarios y ha renunciado a garantizar derechos básico como éste”, ha señalado.
«Los pisos donde viven estas 22 familias son de propiedad bancaria, estamos ante una situación dramática donde no cabe la especulación. El municipio de La Línea está sufriendo las consecuencias más duras de la covid y los datos de personas en desempleo y en situación desfavorable son alarmantes”, ha añadido .
“Es inaceptable que se sigan poniendo plazos y límites al derecho a una vivienda digna. Exigimos que el Gobierno ponga en marcha una nueva Ley de Vivienda de ámbito estatal que proteja debidamente a las familias más vulnerables”, ha concluido Aguilera.