La secretaria local del PSOE de La Línea, Gemma Araujo, ha presentado un recurso de reposición contra el acuerdo adoptado el 18 de enero por la Junta de Comarca de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar por el que se prorroga a Aqualia la gestión del servicio público de saneamiento, alcantarillado y depuración de aguas residuales de la ciudad, al considerar que es contrario a Derecho y, por tanto, nulo.
La dirección de la agrupación socialista linense ha cumplido así lo ha manifestado tras conocerse las intenciones de los actuales responsables de la Mancomunidad de emprender acciones legales contra dicho acuerdo. «Este tipo de prórrogas suponen una práctica irregular que entraña la vulneración de los principios y reglas más esenciales de la contratación pública: libre concurrencia o igualdad de trato, no discriminación y transparencia”, ha señalado .
Los socialistas han señalado que el acuerdo aprobado por la Junta de Comarca se ha restringido el principio de la competencia. Desde el PSOE también han señalado que esta misma vulneración de principios esenciales afecta también al artículo 3 de la misma Directiva Europea, que obliga a los poderes adjudicadores a dar a los operadores económicos “un trato igualitario y no discriminatorio”.
Gemma Araujo ha recordado en su recurso de reposición que ya existe en la UE jurisprudencia abundante que avala la obligatoriedad de cumplir estos principios esenciales en la contratación pública, aludiendo en especial a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión de Europeo de 2004, que resalta “el carácter transversal de los principios de igualdad de trato y de transparencia que no resultan de aplicación exclusivamente a la fase de adjudicación, sino que se extienden a la fase de ejecución del contrato público”.
El recurso de reposición argumenta que las prórrogas de un contrato público no previstas en la documentación de su licitación, como es el caso de la concedida a Aqualia, “suponen una modificación de las condiciones esenciales del contrato por cuanto hay una ampliación del contrato público que se produce a posteriori y que no podían conocer las personas interesadas en concurrir cuando se anunció la licitación inicial”, por lo que se incide en que se ha impedido a otros potenciales licitadores poder presentar ofertas sustancialmente distintas y favorecido un sistema de ventaja en favor del actual concesionario. «La prórroga tiene como objetivo asegurar la continuidad de la prestación y del servicio más que proceder a compensar el equilibrio contractual”, ha añadido Araujo.
Los socialistas han concluido que se pretende ampliar un contrato de 25 años en otros 15, es decir, un 60%, por lo que entiende que debe extinguirse la actual concesión y luego proceder a una nueva licitación, “ya que se puede incurrir en una situación indebida de prolongación indefinida de contrato público”.